Relevamiento del Ministerio de Trabajo realizado en un predio de Brandsen detectó a más de 30 obreros que trabajan en condiciones de hacinamiento, adelantó el Diario Crónica.
En un procedimiento donde quedó en evidencia las condiciones infrahumanas a la que son sometidos algunos trabajadores, personal del Sindicato de Ladrilleros (UOLRA) relevó a 55 obreros que cumplían funciones en un horno de la localidad bonaerense de Brandsen, 30 de los cuales se encontraban junto a sus familias, prácticamente reducidos a la esclavitud.
Sin energía eléctrica, con jornadas laborales superiores a las 13 horas, con prendas rotas y sucias y en medio de un ambiente pestilente, quienes cumplían las tareas eran todos inmigrantes bolivianos.
Prueba del modo en que viven lo marca el hecho de que los obreros cortaban trozos de carne y los secaban a la intemperie a fin de secarlos, ya que en el lugar no había heladeras.
El operativo estuvo encabezado por el delegado normalizador del Sindicato de Ladrilleros, Jorge Carlos Alonso, quien señaló que por expresa indicación del ministro de Trabajo de la Nación, doctor Carlos Tomada y el subsecretario de Fiscalizaciones, doctor Alonso Navone, vienen realizando continuas tareas para terminar con el trabajo esclavo.
El relevamiento de Brandsen fue denunciado ante el juzgado federal de La Plata Nº 1, a cargo del juez federal Manuel Blanco, secretaría Nº 34 de la doctora María Cristina Grau.
Cuando los inspectores llegaron al lugar se encontraron con los obreros trabajando en condiciones realmente lamentables. Sin las mínimas condiciones de salubridad e higiene y tratados claramente como esclavos, los trabajadores, integrantes de la comunidad boliviana, trabajaban más de 13 horas diarias.
La denuncia por trata de personas involucra a Fidel Condori, Miguel Cerruto Condori y Basilio Corchado Acuña, dueños del horno ladrillero de la localidad de Brandsen, en la provincia de Buenos Aires.
Otros de los imputados son Rubén Condori, encargado del lugar, y Martín Diez, presunto propietario del lugar, cuyo domicilio se desconoce.
Tras la denuncia pertinente ahora actuará la Justicia, que determinará responsabilidades y la correspondientes penalidades.
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